por Mora López
Cuando a todas las organizaciones políticas del campo nacional y popular les cuesta hablar de seguridad porque les resulta un tema incómodo, quienes pasaron por la experiencia de estar detenidxs pusieron la cuestión sobre la mesa. Un tema incomodo que ya no están dispuestxs a regalárselo a la derecha para que fomente medidas punitivas que fueron al fracaso, están proponiendo una ley concreta para bajar la reincidencia y para que las mayorías populares puedan vivir mejor, puedan estar más seguras.
Las políticas públicas en materia de seguridad han fracasado en los últimos años, aunque las penas se endurecieron y la población carcelaria aumentó. Aquello que la clase política utiliza como discurso de “mano dura” sucedió y viene sucediendo hace tiempo. Lo real es que, aunque la seguridad es una preocupación para una gran parte de la población, los gobiernos propusieron y llevaron adelante recetas repetidas que no tienen efectos positivos más que la demagogia punitiva: la Ley Blumberg, la modificación de la Ley de Ejecución Penal, la creación de más espacios de encierro, etcétera. Ninguna de esas “soluciones” logró mejorar la seguridad ciudadana, entonces, quizás es hora de pensar en una alternativa real y concreta que no se debata en espacios de intelectualización para hablar entre los convencidxs.
Liberadas, liberados y liberades así se nombran quienes están hoy proponiendo esta ley y que pasaron no sólo por la experiencia de estar presxs si no que lograron generar trabajo a través de cooperativas o polos productivos. Un trabajo negado para quienes salen de las cárceles dado que para contratarlas o contratarlos se les piden antecedentes penales y porque la expectativa de la reinserción social está determinada en que una persona que atravesó la privación de libertad sea oficinista de 8 horas diarias. Esa linealidad pretendida de que una persona que sale de estar detenida solo logra reinsertarse si obtiene un trabajo formal es parte de una irrealidad por las legislaciones perversas vigentes, por un mundo con cada vez menos empleo registrado y porque ya no se puede pensar a la cárcel por fuera de un territorio. Así como reconocemos el hospital, la comisaría, la escuela, la cárcel es también un lugar que aloja personas. Efectivamente ellxs están insertxs en esos edificios, están en nuestra sociedad. Es hora de pensar en procesos de inclusión social que tengan en cuenta ese paso por un lugar de encierro y el impacto subjetivo que atraviesa a ese sujeto, a su familia y a su comunidad. Un cambio de rutina, de hábitos, de modos de estar en la cotidianidad, en una reorganización de las tareas de cuidados y de ingresos económicos, del trabajo, de la familia, del bombazo emocional, un quiebre, un antes y un después. La tumba no es gratis para nadie.
Por todo esto, quienes salieron y dijeron que a la cárcel no volvían nunca más se vienen organizando hace años en una rama de trabajo denominada Liberadxs dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Se trata de experiencias concretas de trabajo pero, sobre todo, de experiencias de abrazar a otrxs que salen de estar “en cana”. En este espacio se generan las intervenciones necesarias para acompañar, entender y bancar cómo es que un día estás en una institución gigante y horrible -pero lugar al fin- y un día estás afuera en un lugar incierto que te demanda que seas un buen ciudadano sin darte ninguna posibilidad. Abrazar -siempre dice Nacho Martínez referente del MTE-, poner los brazos, el cuerpo entero para alguien que sale de una experiencia que produjo un quiebre en su vida pueda pensarse de otro modo, con otrxs que pasaron la misma experiencia y que están ahí produciendo comida, materiales de herrería, de carpintería o de lo que fuera que les permite ser trabajadorxs.
Lo real es que se trata de una práctica exitosa porque ninguno de los que están hoy trabajando en las cooperativas o polos productivos reincidió. No sé si hay una política pública en materia de seguridad que pueda mostrar este “éxito”, si es que podemos medir los fenómenos sociales así. Datos concretos.
La ley es amplia y abarca a quienes salen de estar detenida o detenido y a sus familias. Ofrece un acompañamiento integral que permite dejar de fragmentar a lxs sujetxs, pero también a quienes están pasando por un proceso de privación de libertad, adultxs y adolescentes. Pone el eje sobre el laburo y la formación, sobre la posibilidad de que quienes salgan tengan un lugar donde poner sus manos en acción para poder llevar y sostener la olla, para vivir una vida digna. Una ley que propone equipos de trabajo que acompañen ese proceso de inclusión porque la máquina de preso a oficinista no existe, entonces hay que diseñar estrategias para que la rutina laboral se sostenga y se haga carne en una identidad de laburante organizado. No es un invento, ya lo vienen haciendo, y quienes participan a la cárcel no volvieron nunca más. La ley busca que eso (que ya vienen haciendo) deje de ser una experiencia a pulmón para pasar a ser una política profesionalizada que, además, tiene contemplado el análisis de datos y el impacto en los niveles de reincidencia. Si el “todo pulmón” se profesionaliza estaríamos hablando de una baja en el delito de manera sustancial.
“Somos conscientes que la seguridad es un problema que afecta a la población en general” dicen, por eso ahora están proponiendo un instrumento concreto que se diferencia de las políticas públicas que existen hasta ahora y que –repito- han fracasado sistemáticamente. Tienen números precisos: sostener un polo productivo es una inversión mucho menor del gasto que implica mantener a esa persona en la cárcel. Además tiene otro número mucho más impactante: ellos, ellas, elles liberadxs organizados alrededor de una cooperativa o polo productivo cuentan con la dignidad de haber pasado por una cárcel y no ser hoy parte de las estadísticas de reincidencia.
Blog de la revista Espectros 