A vos que buscas más seguridad también te están estafando

por @Unapibadeflores

El anteproyecto de responsabilidad penal juvenil presentado por el gobierno es una estafa sobre todo para el sujeto político niñez y adolescencia, pero también para una parte de la ciudadanía que busca respuestas “concretas” para resolver los problemas de la denominada “inseguridad ciudadana”.

Indagar en soluciones punitivas en una sociedad cada vez más desigual y signada por políticas de ajuste, simplemente, no sirve. Supone una administración de recursos para infligir sanciones (sufrimientos) cuando podría mejorarse el sistema de protección de derechos (actualmente colapsado) y que debería funcionar —por lo menos— preventivamente. El agravamiento de medidas represivas es demagogia punitiva. Inscribir el delito en el fenómeno de la desigualdad añade complejidad al análisis y diagnóstico.

Hay que comprender que el delito es un fenómeno que se enmarca dentro de una estructura económica subdesarrollada, como la nuestra. La “base material de la nación”, como le gusta afirmar a un economista del campo nacional y popular, está tecnológicamente atada a desarrollos e innovaciones extrínsecos. La restricción presupuestaria presente en Ciencia y Tecnología indica la persistencia en la dependencia. Cuando las desigualdades se exacerban en una economía en recesión las posibilidades y expectativas de consumo se diversifican. La demanda aumenta en el mercado negro y, en determinados contextos sociales, se incrementan algunas modalidades del delito urbano.

La persona que se quedó sin trabajo y tuvo que dar de baja la tarjeta y se le rompió el celular lo conseguirá de otro modo. Lo que antes compraba a 12 cuotas sin interés ahora lo adquirirá donde sea. Si existe un gran número de personas que usan su auto en la aplicación Uber para sumar ingresos y se les rompe el auto y no puedan hacer frente a un repuesto “legal”-por el aumento de los mismos- la necesidad de trabajar en el Uber no desaparece. Tampoco la de conseguir un repuesto. Ni hablar de la pérdida de derechos elementales en una época de ajuste y destrucción y fuga permanente de capital, en un mundo que exige cada vez más consumo y rendimiento, para que existan quienes vendan su fuerza de trabajo al más bajo precio posible tanto en el mercado de trabajo lícito como en el ilícito.

Pero, más allá de la complejidad económica del delito que amerita evitar razonamientos simplistas y fundamentalmente hipócritas, este proyecto de responsabilidad penal juvenil contiene varios puntos inadmisibles, el primero es la baja de la edad de punibilidad.

No hay estadísticas en el país que demuestren que los niños y niñas y adolescentes representen un problema sobre la estadística general del delito en Argentina. Por el contrario, la baja incidencia de este colectivo en los delitos no justifica la aplicación de sanciones penales a sujetos de 15 años. El único argumento que puede tener el gobierno es la demagogia punitiva en un año electoral de cara al sector más acomodado de la sociedad.

Para no sorpresa de nadie, el anteproyecto presenta otras cuestiones insostenibles: fija penas máximas para sujetos de 15 años, con condenas de hasta 15 años (el equivalente a su misma trayectoria vital) y no fija límites para adolescentes de 16 y 17 años. En este caso hicieron algo aún más perverso que es decir que no se podrá aplicar penas de prisión ni reclusión perpetua. Argentina fue condenada internacionalmente por aplicar penas de prisión perpetua a menores de edad. No obstante, deja la fijación de las mismas al código penal argentino que prevé penas de 50 años o más.

En este punto es importante remitirnos a experiencias que han fracasado en el endurecimiento de las penas —urge vernos a nosotrxs mismxs— como la modificación al código penal conocida como “las leyes Blumberg” realizadas hace pocos años y que no han resuelto en absoluto la situación. Podemos observar experiencias de otros países donde se han endurecido penas específicamente sobre el sujeto juventud, miremos El Salvador, donde no solo no han eliminado las maras-pandillas juveniles-, sino que las han potenciado. Este país ha implementado políticas extremas de mano dura con la promesa de soluciones rápidas. En efecto dio libertad a las fuerzas armadas para poder detener a toda persona que sea sospechosa de pertener a una mara, sin más que la sospecha, aun así la tasa de homicidio no ha bajado, y la violencia ha continuado. No hay experiencias en sociedades desiguales y en momentos de ajuste donde el sistema penal haya servido para resolver problemática alguna.

Como si no fuera suficiente el anteproyecto habilita la intervención de la justicia penal juvenil, disfrazada de equipos interdisciplinarios, sin establecer límite de edad, lo cual significa que cualquier conflicto en donde intervengan sujetos menores de 15 años podrá resolverse en el sistema penal. Es una baja de la edad encubierta, sin límite.

Pero esto no es todo, el anteproyecto que habla de sanciones socioeducativas. Enumera un listado que lejos de ser sanciones SON derechos (salud, formación, deportes, etc). Lo dice la convención de los derechos del niñx, nuestra constitución, nuestras leyes. Judicializar penalmente los derechos, es decir, que a través de la intervención de un oficio, se active el sistema de promoción y protección de derechos, es un retroceso que pocas veces se ha visto en materia de infancia.

El gobierno avala este proyecto sobre la lógica de un supuesto consenso que no existe. Como se sabe más allá de los humores sociales, los cambios en materia penal deben ser debatidos y consensuados. Tal consenso no existió nunca, desde el año 2016 que fueron las primeras mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia en el marco de Justicia 2020, a excepción de una asociación civil de víctimas de la inseguridad, el resto de los disertantes se manifestó en contra de bajar la edad, y de ninguna mesa de trabajo se propuso los puntos ya analizados.

Lo que si tiene a favor el gobierno es la venia de UNICEF que ofició de comisión rectora en estas mesas de trabajo propuestas por el oficialismo; organismo internacional que al encontrarse frente a un anteproyecto que no solamente baja la de edad de punibilidad, que agrava las penas de los y las adolescentes de 16 y 17 años, sino que además baja la edad de intervención estatal penal y judicializa derechos, le correspondía que se levantara de la mesa. UNICEF no debe avalar bajo ningún concepto esta ley. No alcanzan los comunicados manifestándose en contra de la baja, ni una nota en clarín exponiendo los “desacuerdos”. UNICEF tiene legitimidad frente a la sociedad. Ni para la presentación del anteproyecto ni para las organizaciones que rechazan el mismo daba lo mismo que este organismo internacional se levante de las mesas y exprese lo inadmisible del anteproyecto, que aparecer en la página del Ministerio de Justicia como el organismo que ofició-entre otros-como comisión rectora.

De aprobarse esta ley seria el retroceso más grave en materia de derechos de la infancia que nuestra historia haya vivido, comparándose con la dictadura, y superándola.

Lxs adultxs tenemos una responsabilidad generacional para con los sujetos que están creciendo: somos nosotrxs quienes debemos hacernos cargo de los problemas que hemos puesto en la sociedad en lugar de seguir ofreciendo a nuestrxs hijxs en tanto chivos expiatorios del fracaso civil.

 

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